El Gobierno ha aprobado en un consejo de ministros extraordinario este viernes el plan de rescate para paliar los efectos de la pandemia. Finalmente, habrá un fondo de 7.000 millones destinado a entregar ayudas directas a autónomos y empresarios de las actividades más golpeadas por la crisis que gestionarán las Comunidades Autónomas. Podrán optar a ayudas de entre 3.000 y 200.000 euros. La Agencia Tributaria se encargará de vigilar que el dinero acabe en manos de quien corresponde. Junto al decreto, que se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se incluye un anexo con la lista de actividades que pueden optar a las ayudas. Son 95 áreas de actividad que incluyen un amplio abanico de profesiones y empresas, desde fabricantes de helados, panaderías y taxistas a las casas de apuestas, campings o los gimnasios.
Estas compensaciones se brindarán por una caída de la facturación de al menos el 30% respecto a 2019 en empresas de los sectores más afectados por las restricciones. Y el dinero será finalista: tendrá que dedicarse a pagar facturas de costes fijos, nóminas y deudas de suministros y proveedores, entre otras partidas. Las subvenciones durarán hasta el final de 2021. Cada comunidad debe lanzar su propia convocatoria de ayudas.
La concesión de las ayudas a fondo perdido, subvenciones, está condicionada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022., para evitar que hubiera empresas que recibieran ayudas y cerraran al poco tiempo. Además, se exigirá que los beneficiarios no tengan su domicilio en algún paraíso fiscal.
Tampoco recibirán ayudas las empresas que estén en concurso de acreedores o que hayan cesado su actividad en el momento de la solicitud. Se exigirá que los que reciban ayudas no tengan deudas ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Además, las empresas no podrán repartir dividendos, ni aumentar el sueldo de sus directivos durante los dos años posteriores a recibir las ayudas.
Solo se puede acceder a estas subvenciones a partir de una caída mínima del 30% de la facturación y siempre que se haya registrado un resultado neto positivo en 2019. La ayuda máxima que se concederá será un 40% de todo aquello que supere el primer 30% de caída de facturación en los autónomos que no tributen en módulos y en las pymes con hasta diez trabajadores. Para el resto será el 20% de lo que sobrepase el 30% de disminución de ingresos. Esto es: se diseña para pérdidas de ingresos grandes y, por lo tanto, se reduce el impacto de las ayudas. En cualquier caso, el mínimo será una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan en módulos y de 4.000 euros para los demás. Y el Ministerio de Economía argumenta que los ERTE ya están compensando parte de ese 30% de caída que no se cubre.
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